Grupo SANKAR ha alcanzado un acuerdo con Oak Hill Advisors (OHA) para la refinanciación de una de sus filiales, Sankar Ibero Holding. La operación fue formalizada este mismo mes de febrero y ha sido estructurada por los bufetes GUIOTE ABOGADOS y GÓMEZ ACEBO & POMBO. Se trata, en palabras de SANKAR, «de una resolución satisfactoria del acuerdo suscrito entre ambas partes la pasada primavera».

En el marco de esta reestructuración, OHA sale de la compañía y se da entrada a nuevos inversores. También se ha procedido a la venta de los dos activos en Málaga capital (en Trinidad y Capuchinos) por un importe cercano a los nueve millones de euros. Esta entrada de fondos garantiza, según la empresa, el desarrollo de los proyectos inmobiliarios que el grupo tiene en las localidades de Marbella, Vélez Málaga y Benahavís.

SANKAR es una promotora con sede en Málaga e implantación en España y Sudamérica, que ha gestionado más de 2.000 millones de euros en proyectos en los principales mercados latinoamericanos, siendo, en su mayoría, proyectos residenciales y hoteleros. El fundador y presidente de SANKAR es Kabir C. Sukhwani, empresario malagueño de origen hindú y presidente, a su vez, de la Cámara de Comercio de la India en España.

La refinanciación supone la activación inmediata de una cartera de aproximadamente 190 millones de facturación en algunos de los enclaves más destacados de la Costa del Sol.

Sukhwani también se ha deshecho de las posiciones que el grupo mantenía en Neinor, un paquete fruto de su participación en la absorbida Quabit. SANKAR llegó a ser el tercer accionista de referencia de Quabit, heredera de la maltrecha Astroc, junto con nombres como Félix Abánades, Carlos Slim, Amancio Ortega y Alicia Koplowitz, entre otros. Luego fue absorbida por Neinor. La venta de este paquete se ha realizado este mes de febrero con el objeto de obtener liquidez para centrarse en los tres activos estratégicos ya citados.

Por su parte, OHA, una de las principales gestoras mundiales, con más de 60.000 millones de dólares en activos, deja de tener relación contractual alguna con SANKAR. OHA está especializada en operaciones de crédito privado. En España, ha participado en operaciones como Telepizza y Abengoa, entre otras.

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En una fundada resolución, la Ilma. Audiencia desestima, motivadamente uno a uno, los argumentos de los recursos, concluyendo en que la “la elaboración racional y argumentativa de la resolución y, en definitiva, la estructura racional del discurso valorativo, en modo alguno resulta ilógico, irracional, absurdo o, en definitiva, arbitrario (art.91 C.E.) o contradictorio con los principios constitucionales”.

Ratifica la Ilma. Audiencia la denegación de la apertura de la famosa Cinta DAT, por su imposibilidad, y la consiguiente proyección de este hecho en la valoración de la prueba en toda la causa, conviniendo también en la existencia de numerosas “irregularidades” en la instrucción de la causa (v.g. intervenciones telefónicas, cadena de custodia de soportes informáticos, etcétera), que califica como “macrocausa” “difícilmente estructurable y gobernable”; y que fundamentan la absolución al conducir a “un entendimiento total y general del conjunto probatorio como ilícito” suficiente para aplicar el principio “in dubio pro reo”.

Califica, en esta línea, de “viciada” a la instrucción por cuanto critica, asumiendo lo resuelto en la instancia, que se acuse por delitos que ni si quiera al tiempo de la incoación de la causa habían sido cometidos (“prescripción intraprocesal”), para finalmente abordar, en relación con los argumentos de fondo, la incorrección del método de estimación indirecta parcial para la cuantificación de las cuotas tributarias.

En definitiva, la Ilma. Sala asume todos y cada uno de los argumentos vertidos por la Jueza del Juzgado de lo Penal nº4, refrendando la resolución al completo, y dando un paso más, y esperemos que el definitivo, en la resolución final de un proceso que ha durado 18 años, en el que se han visto acusadas 96 personas y 48 empresas, que han venido soportando la petición de penas de cárcel que sumaban 300 años y de responsabilidades civiles por 150 millones de euros en conjunto.

Esta Sentencia es todavía susceptible de recurso ante el Tribunal Supremo.

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